El Inpec traslada a La Picota a Olmedo López y Sneyder Pinilla
Los dos testigos clave del caso UNGRD salieron de las instalaciones militares donde estaban recluidos y fueron llevados a la cárcel del sur de Bogotá. El presidente De la Espriella dijo que él dio la orden; sus abogados alegan que se desconoce la decisión de un juez.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó este martes a la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y testigos clave en el proceso por la corrupción en esa entidad. Hasta ahora ambos permanecían recluidos en instalaciones militares de la capital.
La orden la firmó el director del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, pero el presidente Abelardo de la Espriella se atribuyó la decisión. En un mensaje en X, acompañado de un video en el que se ve a los dos exfuncionarios esposados de pies y manos, sostuvo que en su Gobierno no habrá cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios.
«¡Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios! Aquí no hay intocables. Aquí no hay coronas. Aquí la ley se cumple.»
El presidente anunció el traslado de López y Pinilla a La Picota.
Ese traslado choca con una decisión judicial anterior. Un juez había ordenado que los dos permanecieran en un centro de reclusión militar por razones de seguridad, dado que colaboran con la justicia. Gustavo Moreno, abogado de Pinilla, pidió reversar la medida y alegó que se desconoce la protección que su cliente tiene como colaborador; la defensa de López advirtió que ejecutarla sin que un juez modifique la orden podría constituir desacato y que responsabilizará a las autoridades de cualquier daño a su integridad.
Pinilla cumple una condena de cinco años, ocho meses y un día de prisión, mientras López sigue procesado. Ambos están en el centro del escándalo por el contrato de 40 carrotanques para La Guajira, con sobrecostos cercanos al 54 %, y sus declaraciones han servido a la Fiscalía y a la Corte Suprema para avanzar contra exfuncionarios y congresistas señalados de recibir dinero a cambio de favores en el Congreso.
