Perú militariza el entorno de cinco cárceles por 60 días
El decreto rige 60 días y cubre un radio de 200 metros alrededor de penales que concentran cerca de la mitad de los reclusos ligados a bandas criminales.
Perú declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios para que la Policía Nacional, con respaldo de las Fuerzas Armadas, asuma el control del orden en sus alrededores. La medida se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y rige durante 60 días calendario.
Los penales alcanzados son Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. Según el Ejecutivo, esos cinco recintos concentran cerca del 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales, y el objetivo es impedir que sigan usándolos para coordinar delitos hacia el exterior.
La intervención queda delimitada al perímetro exterior de cada establecimiento, en un radio de hasta 200 metros. Dentro de esa franja quedan suspendidos temporalmente la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal, aunque el decreto precisa que no implica una suspensión general de garantías: durante la vigencia deben preservarse los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso.
El despliegue incluye controles en los puntos de acceso, labores de inteligencia para detectar amenazas y evitar fugas, y acciones sobre el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato a las cárceles. En coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario, las autoridades buscarán decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas.
La administración y la custodia interna de los cinco recintos seguirán a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, de modo que las competencias dentro de las instalaciones no cambian de manos. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que estas acciones no dependen de las facultades legislativas que el Gobierno de Keiko Fujimori pidió al Congreso por 120 días.
«Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad.»
Perú atraviesa un alza sostenida de la violencia: la tasa de homicidios subió a 10,7 por cada 100.000 habitantes el año pasado, frente a 10,1 en 2024. El domingo anterior, un grupo de sicarios vestidos como policías asesinó a cuatro personas y secuestró a un empresario minero en el norte del país, liberado horas después tras el pago de un rescate. Entre las facultades solicitadas al Congreso figura la de declarar terroristas a las organizaciones criminales, una petición que la oposición ha recibido con reparos.
