Un plan de choque para 1.069.196 pacientes con atención represada
El Gobierno identificó a más de un millón de usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes y abrió una compra de cartera a las EPS con cero interés y un año de gracia.
El Gobierno puso en marcha la primera fase de un plan de choque en salud dirigido a 1.069.196 usuarios que tienen medicamentos o procedimientos pendientes. El presidente Abelardo de la Espriella dio la instrucción al Ministerio de Salud tras el consejo de ministros del lunes 21 de septiembre.
Ese millón largo de pacientes no es un universo abstracto: son personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, neurodegenerativas, cardiovasculares y renales, con VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y afecciones de salud mental, además de mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales. A todas ellas las identificó el Gobierno cruzando la información de los aseguradores con las peticiones, quejas y reclamos radicadas.
«He dado instrucciones a la señora ministra de Salud para poner en marcha inmediatamente la primera fase del plan de choque en salud para precisamente identificar a los pacientes que tienen medicamentos o procedimientos pendientes para destrabar su atención y hacer seguimiento hasta comprobar que efectivamente los usuarios recibieron lo que necesitan. La solución tiene que llegar al paciente.»
El procedimiento que describió tiene cuatro pasos encadenados: identificar al paciente y la atención que tiene pendiente, establecer qué medicamento o procedimiento necesita y quién debe garantizárselo, destrabar los recursos para que esa atención se materialice y hacer seguimiento hasta comprobar que se entregó.
Para destrabar esos recursos, el Gobierno abrió un mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida, sin intereses y con un año de periodo de gracia, limitado a las atenciones contempladas en esta primera fase. En la práctica significa que el Estado asume deudas que las EPS tienen con clínicas, hospitales y proveedores, aunque todavía no se conocen los detalles de la medida.
«Esto no es un cheque en blanco para las EPS. No vamos a pagar dos veces una misma atención, ni a reconocer nuevamente servicios que hayan sido pagados; los recursos estarán ligados a las atenciones correspondientes al plan y tendrán un seguimiento estricto.»
El control de ese dinero quedará en manos de una mesa técnica del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Adres. La fase contempla además eliminar barreras administrativas como las autorizaciones repetidas y la renovación frecuente de fórmulas médicas, crear una central unificada de quejas y tomar medidas sobre el control de precios de los medicamentos.
La represa que intenta destapar el plan quedó medida en los reclamos: entre enero y julio de este año llegaron más de 1,2 millones ante la Superintendencia Nacional de Salud, unos 5.772 diarios, y el 92 % tuvo que ver con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.
Detrás de esta primera etapa vienen otras dos. La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, explicó que la segunda se dirigirá a pacientes con riesgo de hospitalización o de sufrir eventos agudos, y la tercera a quienes tienen medicamentos o citas médicas pendientes sin ese nivel de riesgo.
