Preacuerdo de siete años por los carrotanques de La Guajira

Édgar Echeverri Toro, exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Sonia Rocío Romero Hernández, excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aceptaron su responsabilidad en las irregularidades del contrato con el que se compraron 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El preacuerdo que firmaron con la Fiscalía contempla una pena de siete años y cuatro meses de prisión.

El contrato, cercano a $83.000 millones, es el que dio origen al escándalo de la UNGRD. Ambos admitieron los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, y reconocieron su participación en seis escenarios de la estructuración, celebración y ejecución del negocio.

La investigación apunta a sobrecostos y a la inutilidad de los vehículos comprados para transportar agua a las zonas donde debía llegar. Los dos procesados están privados de la libertad y en la audiencia manifestaron arrepentimiento.

Ese arrepentimiento no bastó para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuyo delegado cuestionó los beneficios del acuerdo porque, según señaló, no se han devuelto todos los recursos comprometidos. Calificó de «absurdo jurídico» la referencia a un eventual peculado por apropiación en el caso de los dos procesados y sostuvo que informes del expediente apuntan a un incremento patrimonial injustificado de $4.330 millones derivado de gestiones para favorecer a un grupo de empresarios.

La última palabra no está dicha: una jueza especializada de Bogotá decidirá el 4 de noviembre de 2026 si avala el preacuerdo.