El presidente rechaza la carta de la JEP a la Corte Penal
Abelardo De La Espriella respondió este domingo al magistrado Alejandro Ramelli, que acudió a la Corte Penal Internacional por el recorte. «No es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal».
El presidente Abelardo De La Espriella respondió este domingo, en un mensaje publicado en sus redes, a la decisión del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, de llevar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el recorte previsto para el tribunal. «No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación», escribió.
La carta que motivó la respuesta salió el sábado. En ella, Ramelli pidió a la Fiscalía de la Corte Penal acompañar las alertas del tribunal y evitar que las iniciativas en curso obstaculicen su mandato y los derechos de las víctimas. El magistrado anunció además que pondrá el caso en conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas para la independencia judicial y los países garantes del acuerdo de paz.
El origen del pulso es una propuesta del senador Enrique Gómez Martínez para trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la jurisdicción al Consejo Superior de la Judicatura, respaldada por el jefe de Estado. Ramelli la calificó como el ataque más grave que ha sufrido la justicia transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial.
Frente a esa lectura, el presidente sostuvo que fijar una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez, y que no existe una sola decisión de su Gobierno que permita afirmar que Colombia incumple sus compromisos internacionales.
Para sustentarlo enumeró cifras: desde 2018 la jurisdicción ha recibido del erario más de tres billones de pesos; en 2025 se le asignaron 777.069 millones; en 2026 opera con cerca de 744.659 millones; para 2027 solicitó 947.642 millones y el proyecto le asignó 821.803 millones. «Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo», afirmó.
El mandatario también puso el foco en el gasto de funcionamiento. Recordó que la nómina de la entidad se estimó en 404.477 millones de pesos para 2026 y que el salario del presidente del tribunal pasó de unos 32 millones mensuales en 2018 a más de 55 millones, con ingresos acumulados estimados en 4.500 millones desde que es magistrado.
Cerró exigiendo a la jurisdicción explicar cómo planea, cómo ejecuta y en qué prioriza sus recursos antes de denunciar una asfixia institucional, y dijo que su prioridad será fortalecer la rama judicial ordinaria. El presupuesto de 2027 sigue en trámite en el Congreso.
