La Procuraduría indaga el desfase del fondo de salud docente
El Ministerio Público busca responsables en Hacienda, Salud y la Fiduprevisora por el modelo de atención del Fomag, cuyo costo pasó de 3,5 a 5,2 billones de pesos.
La Procuraduría abrió indagación previa en averiguación de responsables por las irregularidades detectadas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el sistema con el que se atiende en salud a los docentes oficiales y sus familias. La pesquisa apunta a funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Salud y de la Fiduprevisora, que administra el fondo.
Una auditoría encontró que el costo de prestar ese servicio se disparó y que el modelo implantado por el gobierno anterior dejó la red de atención reducida, más trabas para que los afiliados accedieran a los servicios y un patrimonio negativo. Según los informes citados en la denuncia, el esquema pasó de 3,5 billones de pesos a 5,2 billones.
El cambio se hizo pese a advertencias previas de la Oficina de Transparencia de la Presidencia y de la propia Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que habían anticipado justamente ese resultado. La indagación se concentra en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo.
El Ministerio Público ordenó practicar pruebas y fijó plazos cortos. La Fiduprevisora tiene cinco días hábiles para entregar los nombres de quienes ocuparon las vicepresidencias del fondo, las gerencias jurídicas y las de servicios de salud, además de los funcionarios y particulares que intervinieron en los trámites cuestionados.
Al Ministerio de Salud le pidió copia del informe que presentó la exministra de Educación Viviane Morales, quien denunció los hechos a comienzos de septiembre, y un balance detallado de las auditorías que ella ordenó. La Contraloría, por su parte, deberá remitir las inspecciones judiciales practicadas a Hacienda y a la Fiduprevisora sobre el manejo del fondo.
