Procuraduría pide avalar la emergencia económica por el terremoto
El procurador Gregorio Eljach envió a la Corte Constitucional un concepto favorable a los decretos 1261 y 1348 de 2026, con los que el Gobierno declaró la emergencia por el sismo de magnitud 7,4.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le pidió a la Corte Constitucional declarar exequibles los decretos legislativos 1261 y 1348 de 2026, con los que el presidente Abelardo de la Espriella declaró y luego ajustó el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.
En su concepto, la Procuraduría sostuvo que los hechos fueron imprevisibles, súbitos y extraordinarios y que desbordaron la capacidad de respuesta del Estado. El sismo, seguido de más de 390 réplicas, dejó más de 330 muertos, más de 4.000 heridos, unos 150 desaparecidos y más de 400.000 personas afectadas. Los daños físicos directos se calcularon en cerca de $30 billones, frente a unos $47.000 millones disponibles para atender desastres.
«El Decreto Legislativo 1261 de 2026 y su posterior modificación por el Decreto Legislativo 1348 de 2026 superan el juicio de suficiencia, en la medida que quedó acreditado que el ordenamiento jurídico ordinario no ofrecía instrumentos idóneos ni recursos suficientes para conjurar la emergencia ocasionada por el evento sísmico.»
El Ministerio Público añadió que el Gobierno ya había acudido a los mecanismos ordinarios de la Ley 1523 de 2012, que resultaron ineficaces frente al carácter catastrófico del evento, y calificó la declaratoria de «necesaria y razonable». También avaló el cambio territorial del Decreto 1348, que incluyó a Caquetá y Santander y retiró a Putumayo, cuyas afectaciones no se atribuyeron al sismo.
Con todo, el procurador advirtió que las facultades extraordinarias deben dirigirse a atender la emergencia y no pueden aplicarse de manera generalizada. La última palabra la tiene ahora la Corte Constitucional, que en la revisión automática de los decretos puede limitar o tumbar las medidas que no tengan relación directa con la crisis, como el Fondo Milagro, la ampliación de contratos de obra pública y la mayor flexibilidad a alcaldías y gobernaciones para manejar recursos de la reconstrucción.
