Refuerzan la protección de los magistrados de la Corte Suprema
Un proyectil de fusil apareció en el piso 26 de la Procuraduría, en la oficina del delegado que pidió reconfirmar la condena contra el exgobernador Kiko Gómez. El condenado lo niega.
En el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, en el centro de Bogotá, apareció esta semana un proyectil de fusil y el impacto de bala en la ventana de la oficina del procurador delegado ante la Corte, Pedro Luis Bonilla Bolaños. La primera hipótesis fue la de una bala perdida, pero la Corte Suprema de Justicia sostuvo que se trató de un atentado.
Lo que llevó al alto tribunal a esa conclusión fue el momento. Bonilla había pedido a la Corte Suprema reconfirmar la condena por homicidio contra Juan Francisco Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira, por el asesinato del concejal de Barrancas Luis López Peralta. Días antes de esa diligencia apareció la bala en su oficina. Antes, el magistrado José Joaquín Urbano había enviado al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano, un documento con las preocupaciones de procuradores, magistrados y abogados que intervinieron en el expediente.
Gómez habló desde la cárcel de máxima seguridad de La Dorada y negó cualquier vínculo. «El primer sorprendido y el más preocupado en esta situación soy yo, ya que en ningún momento he pensado en represalias contra nadie por la condena proferida en mi contra», dijo, y argumentó que a los 68 años y con una pena de 55 años encima un ataque de ese tipo no le reportaría beneficio alguno. Se declaró dispuesto a comparecer y pidió que la Fiscalía y la Procuraduría establezcan quién está detrás.
Su negativa no calmó a quienes lo denunciaron. Diana López Zuleta, periodista e hija del concejal asesinado, advirtió que está siendo amenazada y que hace tres meses interpuso una denuncia en la que incluyó planes para atentar contra varias personas en el país. «Aún fuera del país temo por mi vida», escribió, y sostuvo que el exgobernador «sigue siendo el terror de La Guajira».
Ante la alerta de la Sala de Casación Penal, la Presidencia ordenó reforzar el esquema de protección de los magistrados.
El presidente anunció las instrucciones a la Policía Nacional y la UNP tras la preocupación expresada por la Sala de Casación Penal.
Un día después, tras reunirse con la Corte Suprema, el mandatario volvió sobre el mismo asunto para fijar la posición del Ejecutivo frente a la rama judicial.
El presidente se comprometió a respetar las decisiones judiciales y a proteger la autonomía de la rama.
