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sábado, 17 de octubre de 2026

Economía2 de septiembre de 2026Actualizado el 2 de septiembre a las 03:28 p. m.

El Senado citará a la Superservicios por el contrato de Air-e

La senadora Ana Paola García cuestiona que una empresa intervenida comprometa un billón de pesos con la china CMC mientras el Caribe paga las tarifas de energía más altas del país.

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La senadora Ana Paola García interviene en el Senado
Foto: El Heraldo

La senadora Ana Paola García, de La U, anunció que citará a debate de control político en la Comisión Sexta del Senado a la Superintendencia de Servicios Públicos para que explique por qué Air-e, una empresa intervenida, suscribe contratos de modernización con una firma china en lugar de concentrarse en bajar el costo de la energía en el Caribe.

El acuerdo cuestionado es un contrato marco de financiación por hasta un billón de pesos con China National Machinery Exports and Imports Corporation, destinado a renovar y ampliar la infraestructura eléctrica de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La contradicción que señala la legisladora es de prioridades: una compañía bajo intervención estatal destina un billón de pesos a modernización “mientras los habitantes de estos mismos departamentos siguen pagando algunos de los costos de energía más altos del país”.

La empresa ya había salido a matizar el alcance de la operación. Su agente especial, Jaime Mesa Buitrago, sostuvo que la firma del contrato marco no implica un desembolso inmediato: “Esto no es un cheque en blanco ni es un dinero que la empresa china nos ha trasladado; es simplemente un contrato marco de financiación a partir del cual se establecen las reglas”. Los desembolsos irían proyecto por proyecto, tras la aprobación de un comité técnico.

Sobre el momento de la firma, que coincidió con los últimos días de Mesa Buitrago como agente especial, Air-e presentó una cronología que arranca el 28 de enero de 2025 con un acuerdo de confidencialidad, sigue con un memorando de entendimiento el 3 de octubre de ese año y una primera acta de trabajo el 29 de diciembre.

La citación se suma a un control preventivo que ya adelanta la Procuraduría General de la Nación, que pidió información para establecer las condiciones jurídicas, financieras y patrimoniales de la operación y su impacto sobre las tarifas.

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