EE. UU. traslada a 18 acusados por el crimen de Jovenel Moïse
Un avión militar los llevó el domingo de Puerto Príncipe a Florida. Entre ellos hay más de una decena de exmilitares colombianos detenidos en Haití desde 2021.

Un avión militar estadounidense trasladó este domingo desde Puerto Príncipe hasta Florida a 18 personas acusadas de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia federal del Distrito Sur de Florida, donde serán juzgados.
Entre quienes viajaron en ese vuelo hay más de una decena de exmilitares de nacionalidad colombiana y un antiguo funcionario público haitiano, todos privados de la libertad en Haití desde su captura en 2021. La investigación establece que en la conspiración fueron reclutados 22 antiguos integrantes del Ejército de Colombia, además de ciudadanos haitianos y estadounidenses.
El grupo de exmilitares colombianos ingresó a la residencia privada del mandatario en la madrugada del 7 de julio de 2021, en el barrio Pèlerin 5, en las colinas sobre Puerto Príncipe. Moïse, de 53 años, murió tras recibir múltiples impactos de bala y su esposa, Martine Moïse, quedó gravemente herida.
Con estos 18, la cifra de personas formalmente acusadas en Estados Unidos por la trama asciende a 30. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones sostuvo que las indagaciones siguen abiertas contra quienes financiaron, facilitaron o apoyaron logísticamente el ataque, y el agente especial del FBI en Miami, Brett Skiles, atribuyó el crimen a la búsqueda de beneficios económicos y contratos en el país caribeño.
La jurisdicción quedó en Florida porque el plan se habría gestado, financiado y organizado desde el sur de ese estado, y porque el colapso institucional haitiano hizo inviable un juicio en el país. En mayo pasado un jurado de Miami condenó a cuatro implicados y al menos otros cinco se declararon culpables y cumplen cadena perpetua.
El defensor de derechos humanos Pierre Esperance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, calificó el traslado como una vergüenza para la justicia haitiana y pidió una reforma que permita juzgar en el país casos de esa complejidad. Haití no celebra elecciones nacionales desde el magnicidio, y las bandas armadas controlan cerca del 90 % de la capital.


