Uribe responde ante la Fiscalía por El Aro y La Granja
El ente acusador negó el aplazamiento que pidió su defensa y mantuvo la diligencia. Un día antes, Salvatore Mancuso declaró bajo juramento en Montería sobre lo ocurrido en Ituango entre 1996 y 1997.
La Fiscalía General de la Nación mantuvo para este viernes 4 de septiembre la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en el municipio antioqueño de Ituango cuando él era gobernador de Antioquia. El ente acusador negó la solicitud de aplazamiento que había elevado su defensa.
El abogado Jaime Granados pedía postergar la diligencia hasta que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de competencia que cursa sobre el caso y que debe determinar qué autoridad asume la investigación. A ese argumento sumó que quedaban pruebas pendientes por practicar. Mientras ese conflicto se define, el procedimiento sigue bajo jurisdicción de la Fiscalía y ninguna decisión judicial ha suspendido la citación.
Una de esas pruebas se practicó el jueves. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso compareció bajo juramento ante la fiscal delegada durante cerca de tres horas, en una diligencia reservada en Montería a la que asistieron los abogados del expresidente y delegados de la Procuraduría.
Mancuso se refirió a Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia durante esa gobernación, a quien atribuyó haber pedido respaldo de las Autodefensas Unidas de Colombia para actuaciones ilegales en el departamento. Sobre otros hechos por los que se indaga al expresidente respondió que no le constan. Uribe ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con estructuras paramilitares.
La investigación cubre el periodo entre 1995 y 1997. La masacre de La Granja ocurrió en junio de 1996 y la de El Aro en noviembre de 1997, ambas en Ituango, donde grupos paramilitares asesinaron a habitantes y provocaron desplazamientos. En el mismo expediente figura el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, y la Fiscalía busca establecer qué grado de conocimiento y de actuación tuvieron las autoridades departamentales frente a esos hechos.
Los delitos por los que deberá responder son homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. En la diligencia, su representación legal buscará controvertir las versiones de Mancuso y cuestionar el rigor de sus declaraciones a lo largo del tiempo.
