Viceministra Claudia Carrasquilla va a juicio por fraude procesal
La viceministra de Defensa está acusada por declaraciones juradas que habría firmado sin estar presente cuando era fiscal contra el crimen organizado en Medellín.

La viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, irá a juicio por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, por actuaciones de su época como fiscal especializada contra el crimen organizado en Medellín. El proceso está en la etapa previa al juicio: la funcionaria ya fue imputada y acusada, y falta la audiencia preparatoria.
El caso nació de una denuncia de William Fernando Molina, patrullero de la Policía capturado en Valledupar en julio de 2015 por concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Molina denunció a Carrasquilla, entonces fiscal delegada, y a cuatro miembros de su equipo de policía judicial.
El denunciante cuestionó cuatro declaraciones juradas tomadas en centros de reclusión de Valledupar, fechadas el 15 y 16 de mayo de 2014, el 5 de junio de ese año y el 4 de diciembre de 2015. Según su versión, la fiscal figura como firmante sin haber asistido: un investigador recogía las declaraciones en las cárceles y después conseguía las firmas de los funcionarios y de la fiscal en otros lugares. Molina sostiene que esas actuaciones incidieron en su captura y en una privación de la libertad de más de dos meses.
La Fiscalía imputó a Carrasquilla el 5 de diciembre de 2024, radicó el escrito de acusación el 4 de abril de 2025 y formuló la acusación el 20 de mayo de ese año. Desde entonces, la audiencia preparatoria se ha aplazado varias veces, a petición de su defensa: fue fijada para octubre de 2025 y luego para enero, abril, julio y septiembre de 2026, sin que se haya realizado.
A ese expediente se suma una actuación disciplinaria: la Procuraduría le formuló pliego de cargos en agosto de 2025. Ni la imputación ni la acusación constituyen una condena, y Carrasquilla conserva la presunción de inocencia.
Carrasquilla dirigió investigaciones contra la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo, renunció a la Fiscalía en 2020 y llegó al Concejo de Medellín en 2023. El Gobierno la designó viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad mediante el Decreto 1206 del 13 de agosto de 2026. El siguiente paso de su proceso es la audiencia preparatoria, previa al juicio oral.


