Auditoría a la DNI apunta a uso político de la inteligencia con Petro

Una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) concluyó que la agencia habría sido usada con fines políticos durante el gobierno de Gustavo Petro. La revisión reunió 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas que quedaron bajo cadena de custodia para ser entregados a la Fiscalía.

El hallazgo central es un grupo de «contrainteligencia de Estado» creado con la reestructuración del Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024, que reportaba directamente al entonces presidente y al director de turno. Funcionarios de la entidad lo describen como un «hoyo negro» que operó sin reglas y tuvo acceso a la información más crítica entre 2022 y mediados de 2026, incluida la relacionada con la oposición y la campaña presidencial. Según la auditoría, trabajó de forma articulada con la UIAF y la Dian, y ahora se indaga si hubo extralimitaciones con datos privados de opositores, periodistas y funcionarios.

Los auditores describen además un presunto método de infiltración: se fabricaba una amenaza, a la supuesta víctima se le asignaba un esquema de protección de la UNP o de la Policía y desde allí se recogía información detallada sobre ella. La Fiscalía tendrá que establecer si hubo carpetas sobre candidatos presidenciales y si se intentó influir en las elecciones.

La revisión también encontró que al menos la mitad de quienes ingresaron a la DNI en el anterior gobierno no eran idóneos ni confiables, que más de 100 empleados representan un riesgo «crítico» o «alto» y que diez tendrían posibles vínculos con grupos armados. Plantea, además, una «sospecha fundada» de presencia de agentes de inteligencia de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela, y examina dos viajes de 2025 en los que grupos de funcionarios habrían recibido entrenamiento del FSB ruso. En gastos reservados, que oscilaron entre $7.000 y $10.000 millones al año, señala al menos $350 millones usados en misiones ajenas a la contrainteligencia y un sistema biométrico de $580 millones que nunca funcionó.

Entre los exdirectores bajo la lupa figuran Manuel Casanova, Carlos Ramón González y Jorge Arturo Lemus. Las revelaciones ya tuvieron eco: el exfiscal general Francisco Barbosa, quien según esas versiones habría sido vigilado, anunció que el lunes 5 de octubre radicará una denuncia penal contra quienes resulten responsables de ordenar, ejecutar o encubrir el presunto espionaje.