Banco de la República pide a la Corte aclarar el fallo pensional

El Banco de la República radicó ante la Corte Constitucional una solicitud de aclaración sobre la sentencia C-264 de 2026, con la que el alto tribunal avaló la mayor parte de la reforma pensional. El Emisor advierte que hay contradicciones entre la parte motiva y la parte resolutiva del fallo, y que eso crea incertidumbre jurídica sobre la vigencia de la Ley 2381 de 2024.

La petición, firmada por Alberto Boada Ortiz, secretario de la Junta Directiva y representante legal del banco, se centra en la orden según la cual «las disposiciones declaradas exequibles» entrarán en vigencia el 1 de abril de 2027. Leída de forma literal, dice el Emisor, llevaría a concluir que hoy no rige ninguna de esas normas, ni siquiera las que ya estaban vigentes antes del fallo o las que no hacen parte directa del nuevo sistema.

Esa duda, según la entidad, afecta la expedición de reglamentos, la firma de contratos y la asunción de obligaciones legales a su cargo. Bajo la reforma, el banco debe administrar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, donde se depositarán los aportes que reciba Colpensiones y que, según cálculos del gremio de los fondos privados, podría acumular recursos cercanos al 15 % del PIB, unos $300 billones.

El segundo punto de la solicitud tiene que ver con el artículo 92, que regula ese fondo. La Corte devolvió a la Cámara de Representantes su primer inciso para que tramite una proposición del congresista Víctor Manuel Salcedo, pero esa proposición modifica todo el artículo, incluidos la gobernanza y la conformación del comité directivo. El banco advierte que cambiar los principios podría chocar con los demás incisos que el tribunal ya declaró exequibles.

En paralelo, Asofondos se sumó a las voces que piden correr la fecha. Andrés Velasco, presidente del gremio, dijo durante la Investor Conference 2026 de Credicorp Capital que los fondos privados probablemente coadyuvarán la solicitud de Colpensiones, que pidió pasar la entrada en vigor del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028. «Nosotros estamos listos, pero sin esos tres actores tenemos que ponernos serios y considerar la necesidad de posponer una vez más la entrada en vigor», afirmó.

Velasco se refirió a Colpensiones, al Banco de la República y al Ministerio de Hacienda. «Sin Colpensiones va a ser muy difícil operar un sistema», dijo sobre la administradora pública, y sobre el Emisor advirtió que sus inversiones para montar el fondo «se van a demorar al menos hasta que haya claridad en el frente de la fecha de vigencia del nuevo sistema». El dirigente también alertó que, a largo plazo, el pasivo pensional podría pasar del 100 % al 200 % del PIB.

Con estas peticiones, la Corte tiene ahora sobre la mesa varias solicitudes que podrían modificar el calendario de la reforma. Mientras no se pronuncie, el 1 de abril de 2027 sigue siendo la fecha de arranque para las normas declaradas exequibles.