La Cámara tiene hasta el 29 de octubre para sanear la pensional
La Corte Constitucional publicó la sentencia que avala la mayor parte de la reforma. Lo aprobado regirá desde el 1 de abril de 2027; nueve disposiciones vuelven a la Cámara por vicios de trámite.

La Corte Constitucional publicó en la mañana de este martes 15 de septiembre la sentencia C-264 de 2026, con la que declaró ajustada a la Constitución la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro. La decisión se tomó por siete votos contra uno.
El fallo devuelve a la Cámara de Representantes nueve disposiciones con vicios de trámite. El plazo de 30 días hábiles empieza a correr el 17 de septiembre, de modo que la corporación tiene hasta el 29 de octubre para volver a votarlas; si hace falta conciliar con el Senado, deberá hacerse en la actual legislatura.
Entre lo que regresa al Congreso está el artículo 93 completo, que crea un régimen especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas; el numeral quinto del artículo 84, sobre el tratamiento tributario de las pensiones, y el inciso primero del artículo 92, que fija la política de inversión del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. También vuelven los artículos 14 y 36 completos y apartes de los artículos 11, 19, 23 y 63.
Lo que la Corte dejó en firme entrará en vigencia el 1 de abril de 2027. Ahí están la organización del sistema en pilares, el porcentaje de las cotizaciones que va a Colpensiones, el fondo que administrará el Banco de la República y el beneficio de 50 semanas por hijo, hasta un máximo de tres, para las mujeres que cumplan la edad sin completar las semanas.
Cuando venza el plazo, el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, deberá rendir un informe a la Corte y enviarle las actas de la plenaria. Con esos documentos, el tribunal volverá a pronunciarse sobre las disposiciones corregidas, cuya vigencia queda en suspenso hasta entonces. La Corte también extendió hasta el 1 de abril de 2027 la suspensión de los procesos que se tramiten contra la ley.


