España aprueba dar la nacionalidad a los saharauis

El Congreso de España aprobó este jueves una ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, cuando el país administraba el Sáhara Occidental, y también a sus hijos. Salió adelante por 168 votos contra 31.

La norma toma esa fecha como el final efectivo de la descolonización y concede la nacionalidad por carta de naturaleza, de modo que alcanza incluso a quienes no residen legalmente en España. No hay una cifra cerrada de beneficiarios: se estima que unos 80.000 saharauis podrían acogerse, y hasta cerca de 200.000 si se cuentan los descendientes.

Para acreditar esa condición servirán un documento de identidad español, la inscripción en el censo verificado por Naciones Unidas para el referendo sobre el estatus del territorio que nunca llegó a celebrarse, o una partida de nacimiento. También se admitirán documentos menos formales, como registros escolares, papeles de pensión de jubilación, una licencia de conducción española o historias clínicas. Quienes cumplan tendrán tres años desde la publicación oficial para solicitarla.

La impulsó Sumar, el socio menor de la coalición de gobierno, cuya diputada Tesh Sidi —ingeniera nacida en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia— defendió el texto en esos términos: «Estamos corrigiendo una injusticia histórica». Hasta ahora, recordó, los saharauis debían esperar diez, catorce o hasta veinticuatro años para pedir la nacionalidad pese a tener padre español y residencia legal. El Partido Popular y Junts se abstuvieron y Vox votó en contra, aunque los dos primeros habían respaldado la iniciativa en sus fases iniciales.

El trasfondo es la relación con Marruecos, que controla la mayor parte del territorio desde 1975 y al que Naciones Unidas sigue considerando un territorio no autónomo. Madrid abandonó en 2022 su neutralidad histórica y respaldó el plan de autonomía marroquí, una política hoy bajo fuerte crítica tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio. La ley debe pasar ahora por el Senado antes de su aprobación definitiva.