La Corte le ordena al Gobierno garantizar la plata de la UPC de 2027
La Sala de Seguimiento a la sentencia T-760 fijó las condiciones para calcular lo que el Estado paga por cada afiliado a salud el próximo año y advirtió que la estrechez fiscal no basta para fijarla por debajo de lo necesario.
La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno de Abelardo de la Espriella garantizar los recursos para financiar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027, el valor que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado, y le fijó las condiciones para calcularla. La decisión, contenida en el Auto 1302 de 2026, es de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Carlos Camargo, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero.
Según el auto, el Ministerio de Hacienda debe adoptar las medidas presupuestales y financieras para asegurar la disponibilidad y el giro oportuno de esos recursos, mientras que el Ministerio de Salud tendrá que demostrar técnicamente cuál es el valor necesario para cubrir los servicios y tecnologías del próximo año. Para eso no podrá limitarse a los valores históricos: deberá tener en cuenta el aumento del costo de los medicamentos, el envejecimiento de la población, la carga de enfermedad, la inflación del sector y el costo del talento humano.
La Sala advirtió, además, que una restricción presupuestal anticipada no puede ser por sí sola la razón para fijar una UPC inferior a la necesaria, y que la gradualidad tampoco puede dejarla por debajo de las necesidades de 2027. También pidió establecer cuánto rezago se acumuló en años anteriores y separar los costos propios del riesgo en salud de los que obedecen a problemas de gestión, ineficiencias u obligaciones históricas de las EPS.
En cuanto a la brecha entre regímenes, la Corte dispuso que la UPC del subsidiado no podrá ser inferior al 95 % de la del contributivo, salvo una justificación técnica verificable. Para 2026, la del contributivo quedó en $1.658.912,01 anuales por afiliado y la del subsidiado en $1.541.706,27, una diferencia de $117.205,74.
La orden llega en medio de la presión sobre el sistema: las tutelas en salud pasaron de 265.000 en 2024 a 312.500 en 2025, aunque el tribunal aclaró que ese aumento no prueba por sí mismo que la UPC sea insuficiente. El Gobierno había anticipado un incremento de entre 12 % y 13 % para el próximo año.
El Ministerio de Salud tiene hasta el 15 de enero de 2027 para entregar a la Corte un informe consolidado sobre la calidad de la información usada, la metodología, la justificación técnica del valor fijado y el proceso de participación con los actores del sistema.
