De la Espriella recorta $267.000 millones en Presidencia y entidades
El presidente anunció que $192.000 millones del ajuste salen de la propia Casa de Nariño y que esta semana presentará al Congreso una Ley de Rescate para enfrentar el déficit fiscal.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció en la noche de este domingo, en una alocución desde la Casa de Nariño, un recorte de más de $267.000 millones en el presupuesto de la Presidencia de la República y de otras entidades del Gobierno nacional, como parte de sus medidas de austeridad.
Del total, unos $192.000 millones corresponden directamente a la Presidencia, tanto en funcionamiento como en inversión. Los $75.000 millones restantes saldrán de la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas.
«El ajuste del Estado empieza por la propia Presidencia de la República. Los recursos del Estado no son de los funcionarios ni de los gobernantes. Son de los colombianos y deben administrarse con absoluta claridad y responsabilidad.»
El mandatario detalló que de los 1.018 cargos que contempla la planta de la Presidencia solo están provistos 586, es decir, el 58 %, y que se terminaron 32 contratos de prestación de servicios por $2.200 millones.
Ese ajuste es apenas el primer paso. De la Espriella anunció que esta semana presentará al Congreso una Ley de Rescate, con la que busca enfrentar el déficit fiscal mediante recortes en el Ejecutivo y la fusión de ministerios. En la misma intervención reconoció fallas en el trámite del presupuesto de 2027, que finalmente expidió por decreto: «En mi Gobierno los errores se reconocen y se corrigen», dijo.
El presidente también aclaró que los más de $1 billón que han comprometido empresarios para la reconstrucción tras el terremoto no entrarán al Fondo Milagro ni al Presupuesto General de la Nación, sino que serán administrados directamente por las empresas y sus fundaciones, mientras el Gobierno define los proyectos y verifica su cumplimiento.
