El Gobierno revoca sus negociadores con el ELN y el Clan del Golfo
Los decretos 390 y 391 dejan sin efecto la designación de los representantes del Estado en las dos mesas. La misma tanda retiró a los delegados que hablaban con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
El Gobierno firmó el miércoles el decreto 391, que revoca la designación de los representantes del Estado en la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, y el decreto 390, que hace lo propio con los delegados que adelantaban acercamientos con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.
En la misma tanda quedaron sin efecto las designaciones de quienes participaban en los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Con las tres decisiones, el Ejecutivo desmontó de un golpe los espacios de negociación que seguían formalmente abiertos con las estructuras armadas de mayor tamaño del país.
Los decretos se suman a nueve resoluciones con las que el Gobierno ya había cerrado las conversaciones con el frente Comuneros del Sur, con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, además de anular el reconocimiento de sus voceros.
A esas anulaciones las acompañaron decisiones de extradición. El presidente firmó la de Gabriel Yepes, alias HH, cabecilla de Comuneros del Sur, cuyo envío a Estados Unidos estaba frenado mientras la mesa siguiera viva, y las de alias Calarcá y alias Araña. Este último es el máximo cabecilla de los Comandos de la Frontera, el brazo armado de la Coordinadora en Putumayo.
La revocatoria de los negociadores no toca por sí sola la situación jurídica de los integrantes de esos grupos: lo que desaparece es la representación del Estado en la mesa. Las mesas con el ELN y con el Clan del Golfo llevaban meses sin avances verificables y ninguna había llegado a un acuerdo de dejación de armas.
