Defensora y Instituto Anticorrupción piden investigar a Petro
Iris Marín pidió a la Corte Suprema, la Comisión de Acusación y la Procuraduría priorizar la investigación por las denuncias de Deicy Jiménez, y el Instituto Anticorrupción radicó una denuncia para que se revisen sus diez contratos con el Estado.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió este domingo a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación priorizar las investigaciones por las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro, a quien acusa de haber cambiado contratos públicos por encuentros sexuales.
«La gravedad de esta denuncia no da margen de espera. Respetuosamente, solicitaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos.»
Marín insistió en que las autoridades deben actuar con celeridad para establecer si hubo conductas irregulares, pero dentro del debido proceso y con respeto a la presunción de inocencia de las personas señaladas. También pidió que operen «con autonomía e independencia» y que protejan a las víctimas.
El mismo día, el Instituto Anticorrupción radicó una denuncia, firmada por su director, Camilo Enciso, ante la Comisión de Acusación de la Cámara para que determine si hay méritos para investigar al expresidente, y la remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. El documento pide precisar qué autoridad es competente, pues parte de los hechos habrían ocurrido cuando Petro era congresista y otra parte durante su mandato.
La organización solicita revisar los diez contratos que Jiménez firmó con entidades estatales entre 2021 y 2026, con sus estudios previos, hojas de vida, informes de supervisión y registros en el Secop, ante posibles conductas de peculado, cohecho y concusión. El Instituto aclaró que su denuncia no da por ciertas las acusaciones y que su propósito es que las autoridades verifiquen la información.
Petro ha negado los señalamientos y sostiene que es víctima de una campaña en su contra, mientras los pedidos de la Defensoría y del Instituto Anticorrupción trasladan ahora la presión a los organismos que deberán decidir si abren o aceleran las indagaciones.
