Unas 3.000 personas llevan semanas confinadas en el San Juan
La Defensoría del Pueblo verificó que 652 familias no pueden salir de sus veredas en Sipí y Nóvita por los combates entre el Clan del Golfo y el ELN, encima del terremoto.
652 familias, cerca de 3.000 personas, no pueden salir de sus veredas en el San Juan chocoano. Están confinadas en Barrancón, Charco Hondo, Charco Largo, Torrá, Cajón y Santa Bárbara, entre los municipios de Sipí y Nóvita.
El encierro empezó cuando el Clan del Golfo se instaló en esas comunidades después del terremoto del 10 de agosto y el ELN salió a disputarle el terreno. El 23 de agosto, un ataque con drones cargados de explosivos en Charco Hondo hirió a tres civiles y desplazó a 65 familias.
A la presión armada se le suma la del sismo, que dañó viviendas y bienes colectivos en una subregión a la que la ayuda solo llega por río. Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo recorrió la zona el 25 de agosto y verificó los destrozos y los efectos psicológicos en la población.
En el Medio San Juan la entidad contabilizó otras 129 familias afectadas, 301 personas, por la presencia del mismo grupo armado. En Lloró, Bagadó y El Litoral del San Juan estimó en 500 las familias de pueblos afrodescendientes golpeadas por la minería ilegal.
Con ese cuadro, la Defensoría le pidió al Gobierno nacional, a la Gobernación del Chocó y a las alcaldías activar de inmediato las rutas de atención humanitaria y terminar el censo de damnificados en las zonas rurales.
Ese censo sigue incompleto tres semanas después del terremoto. Mientras no esté, las familias confinadas quedan fuera de los programas de reconstrucción que ya operan en otras regiones golpeadas por el sismo.
