Alerta temprana en El Bagre por el control armado del oro
La entidad advierte que el Clan del Golfo y el Frente 4 del Bloque Magdalena Medio prohíben el tránsito nocturno y cobran el 10 % de la producción de oro. En junio se desplazaron 61 familias.
La Defensoría del Pueblo declaró alerta temprana en El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, por lo que describió como una gobernanza armada ilegal impuesta por grupos que prohíben el tránsito de personas por vías rurales después de las seis de la tarde y exigen el pago de vacunas equivalentes al 10 % de la producción de oro.
El origen de ese control es la disputa entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, del autodenominado Ejército Gaitanista o Clan del Golfo, y el Frente 4 del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc. Lo que se pelean son las zonas estratégicas para la captación de rentas derivadas de la explotación aurífera en la serranía de San Lucas y en sectores como Guamocó y Mina Nueva, en el límite entre Antioquia y Córdoba.
En ese pulso la población civil queda en medio. Según la entidad, mototaxistas y arrieros son instrumentalizados con frecuencia para transportar insumos o retirar cuerpos de combatientes, mientras se acumulan los enfrentamientos, los desplazamientos, los confinamientos y los asesinatos selectivos. La Defensoría documentó además el uso de drones cargados con explosivos: en un solo episodio de junio se lanzaron doce artefactos y 61 familias tuvieron que desplazarse.
Cientos de familias permanecen restringidas en sus territorios por las hostilidades y por la presencia de municiones sin explotar en sus cultivos. Las comunidades señaladas como de mayor riesgo son las de la cabecera municipal y las de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver.
El riesgo es especialmente crítico para los pueblos indígenas zenú de los resguardos Los Almendros y Brojolá y para las comunidades afrocolombianas, cuyos territorios colectivos y autonomía están amenazados. Sobre niñas, niños y adolescentes la entidad advierte reclutamiento, accidentes con minas antipersonal y afectaciones a la salud mental.
La alerta viene acompañada de catorce recomendaciones dirigidas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía, entre otras entidades de los órdenes nacional, departamental y local, para que actúen de manera articulada frente a los factores de amenaza.
