Desalojan a Maricarmen, de 87 años, y hay cargas en Madrid
La mujer, con una discapacidad del 50 %, salió en camilla del piso donde vivía desde 1956. Por la tarde, más de 10.000 personas marcharon en Madrid y la Policía cargó contra manifestantes.
María del Carmen Abascal, Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad reconocida del 50 %, fue desalojada este miércoles 23 de septiembre del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, donde vivía desde 1956. Salió en camilla hacia la 1:00 p. m., hora de Madrid, y fue llevada al hospital Gregorio Marañón.
El desalojo se hizo en el cuarto intento, después de que se suspendieran los de octubre de 2025 y los del 2 y el 24 de junio de 2026. Desde la noche anterior, centenares de vecinos y activistas acampaban frente al edificio. Pasadas las 7:00 a. m., los antidisturbios de la Policía Nacional levantaron las tiendas y cargaron contra los concentrados, y el Sindicato de Inquilinas denunció el uso de gas pimienta.
La vivienda pertenece desde 2018 a Urbagestión Desarrollo e Inversiones. Maricarmen pagaba una renta antigua, firmada por su padre en 1956 y heredada tras la muerte de su madre en 2005, y no podía asumir los 1.650 euros mensuales que le exigía la propiedad ni comprar el piso por 250.000 euros. La empresa sostiene que el contrato se subrogó dos veces y que por eso es ilegal, y rechazó la oferta de un donante anónimo de cubrir la diferencia.
Por la tarde, más de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron en la calle General Martínez Campos, en Chamberí, frente al ático comprado por la Comunidad de Madrid, al grito de «Todos somos Maricarmen» y «Ayuso, dimisión». La marcha avanzó hacia el paseo de la Castellana, donde cortó el tráfico y hubo nuevas cargas de la Policía Nacional. También hubo protestas en Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga y otras ciudades.
Desde Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el desalojo de «tragedia social» y anunció que presentará con urgencia al Parlamento un nuevo decreto de vivienda. Responsabilizó a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, competentes en la protección de personas vulnerables, mientras la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo que su cartera intentó sin éxito comprar el piso.
Amnistía Internacional calificó el desalojo como una violación de derechos humanos, ya que se ejecutó pese a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había pedido suspenderlo mientras estudiaba el caso. El Ayuntamiento le había ofrecido una plaza en una residencia, que ella rechazó.
Maricarmen no tiene familia directa y se queda sin la casa en la que vivió siete décadas. Los sindicatos de inquilinos exigen desbloquear las medidas de protección contra desahucios de personas vulnerables, que siguen pendientes en el Congreso.
