Fiscalía pide pasar al Estado más de 400 bienes de Lili Pink
La demanda, presentada ante jueces especializados de Bogotá, incluye tiendas, inmuebles, vehículos y sociedades ligadas a las marcas Lili Pink y Yoi, investigadas por presunto lavado de activos y contrabando desde 2009.
La Fiscalía presentó ante los jueces penales especializados de Bogotá una demanda para que más de 400 bienes vinculados a las marcas Lili Pink y Yoi pasen definitivamente a manos del Estado. La acción, radicada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, se dio a conocer este martes.
Según la hipótesis del ente acusador, desde 2009 una estructura de sociedades constituidas en Colombia y Panamá habría importado mercancía de manera irregular, la habría vendido a través de las dos marcas y habría dado apariencia de legalidad a los recursos obtenidos, en un esquema de presunto lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito.
Entre las empresas señaladas está Fast Moda S. A. S., que cuando se impusieron las primeras medidas cautelares tenía más de 400 establecimientos de comercio y habría participado en la distribución de los productos, y Elephant Import & Export S. A. S., que presuntamente cumplía funciones de importadora y proveedora. Los investigadores cuestionan la capacidad financiera de varias de esas sociedades para respaldar las operaciones que reportaban.
«Identificaron deudas por cuantías elevadas sin evidencia de pagos efectivos, presuntas simulaciones de negocios y relaciones entre compañías que compartirían beneficiarios.»
Los bienes ya estaban bajo medidas cautelares. El 27 de abril de 2026 se ordenó la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro de la totalidad de las acciones de Fast Moda, de 40 inmuebles y de ocho vehículos, además de la toma de posesión de sus establecimientos; luego las medidas se extendieron a las marcas y a los activos de Elephant Import & Export. La Fiscalía sostiene la demanda en análisis societarios, tributarios, aduaneros, cambiarios y financieros, en información de la DIAN y en respuestas de asistencia judicial de Panamá.
La solicitud no es una decisión definitiva. Ahora los jueces especializados de Bogotá deberán valorar las pruebas y determinar si procede la extinción de dominio, un trámite que avanza de forma independiente del proceso penal contra los presuntos responsables.
