El Gobierno cierra la paz total y cifra sus honorarios
Abelardo de la Espriella firmó la resolución que revoca a los delegados en la mesa con el ELN y dio por terminados todos los espacios heredados. Cifró en $7.000 millones lo pagado a voceros y negociadores.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes que firmó la resolución que revoca la designación de los representantes del Gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y dio por terminados todos los procesos de conversación y los espacios sociojurídicos heredados de la administración anterior.
Al explicar la decisión, dijo que la tomó después de revisar los pagos y los contratos asociados a esos procesos, y cifró en más de 7.000 millones de pesos lo pagado durante cuatro años en honorarios de voceros, representantes y negociadores. Entre quienes quedaron revocados mencionó a Parmenio Cuéllar Bastidas, Álvaro Jiménez Millán y Feliciano Valencia.
«Durante cuatro años se gastaron más de $7.000 millones en honorarios de voceros, representantes y negociadores, mientras las organizaciones criminales se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos y a nuestra Fuerza Pública.»
La cuenta no incluye los demás gastos que asumió el Estado alrededor de las negociaciones: los esquemas de seguridad de los voceros, los viajes, el funcionamiento de las zonas de ubicación temporal y el sostenimiento de las mesas. El mandatario sostuvo que la revisión de acuerdos y contrataciones seguirá sin excepciones.
El cierre de la mesa con el ELN completa el desmonte que empezó el 28 de agosto, cuando nueve resoluciones pusieron fin a las negociaciones con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, de alias Calarcá, y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que integran los Comandos de la Frontera. También quedó cerrado el espacio sociojurídico con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, con solicitud de reactivación de las órdenes de captura contra sus voceros.
Con las mesas cerradas, el Gobierno definió como única salida para los integrantes de esas estructuras el sometimiento a la justicia o el enfrentamiento con la fuerza pública, y descartó volver a otorgarles estatus político.
