El Gobierno respalda la ‘Ley Laura’ sobre afirmación de género en menores
El proyecto prohíbe a menores de edad los bloqueadores de la pubertad y los procedimientos hormonales y quirúrgicos, con sanciones a médicos y EPS.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció el lunes 14 de septiembre que respaldará el proyecto de ley que busca prohibir en menores de edad los bloqueadores de la pubertad y los procedimientos hormonales y quirúrgicos de afirmación de género. La iniciativa, radicada como Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado, se titula ‘Ley Laura: niños, no experimento’.
El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en su cuenta de X: «El presidente Abelardo De La Espriella lo propuso en campaña: los niños no son un experimento. Hoy ese compromiso ya está radicado en el Congreso». Lara añadió que el Gobierno comparte «plenamente su espíritu y su contenido» y que lo apoyará «con determinación».
Además de las prohibiciones, el texto establece que los profesionales de la salud que ordenen o practiquen esos procedimientos incurran en falta grave contra la ética médica, sancionable conforme a la Ley 23 de 1981 con la suspensión del ejercicio profesional hasta por cinco años. A las EPS e IPS que los autoricen, financien o faciliten les podría costar la suspensión o revocatoria del certificado de habilitación. Sus autores precisan que las medidas aplican solo a menores de edad.
La propuesta la presentaron el senador Andrés Eduardo Forero y el representante David Gerardo Cote, del Centro Democrático; el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, y la representante Carol Borda y la senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional. Antes del anuncio del ministro, el expresidente Álvaro Uribe también la había respaldado públicamente.
El debate tomó fuerza después de que el presidente pidiera al Congreso fijar límites a estas intervenciones, tras la detención en el aeropuerto El Dorado de Samuel Adrián, director del documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’, por un presunto desacato judicial relacionado con publicaciones en su canal de YouTube. De la Espriella sostuvo que esas decisiones no deben quedar solo en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales.
