Hacienda pide a la Corte medir el costo fiscal de la pensional
El ministro Miguel Gómez pidió abrir un incidente de impacto fiscal sobre la sentencia C-264 de 2026, que fijó el arranque de la reforma para abril de 2027. Calcula $5 billones más para Colpensiones.
El Ministerio de Hacienda le pidió a la Corte Constitucional abrir un incidente de impacto fiscal sobre la sentencia C-264 de 2026, el fallo que fijó para el 1 de abril de 2027 la entrada en vigor de la reforma pensional. El ministro Miguel Gómez Martínez sostiene que ese calendario exigiría unos $5 billones adicionales para Colpensiones.
La sentencia atacada es la que resolvió, el 25 de agosto, la demanda contra la Ley 2381 de 2024. En ella, la Sala Plena declaró exequible la mayor parte de la reforma frente a los vicios de trámite examinados, devolvió a la Cámara de Representantes nueve artículos para que se subsanen y determinó que las normas avaladas empezarán a regir el 1 de abril de 2027.
La solicitud, presentada el 22 de septiembre ante la magistrada ponente, Paola Andrea Meneses Mosquera, y dirigida a la Sala Plena, invoca el artículo 334 de la Constitución y la Ley 1695 de 2013. «De conformidad con las estimaciones de esta cartera, la entrada en vigencia de la Ley 2381 (…), a partir del 1 de abril de 2027, generaría requerimientos adicionales de recursos para Colpensiones del orden de $5 billones», escribió el ministro.
Esos recursos, según Hacienda, deben caber en el espacio fiscal disponible y quedar incorporados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan Financiero y el Presupuesto General de la Nación. La cartera advierte además que el país enfrenta una alta rigidez del gasto y que la fecha fijada por la Corte no estaba prevista en la programación presupuestal de 2027.
El incidente no reabre el debate sobre la constitucionalidad de la reforma ni suspende por sí solo la fecha de entrada en vigor. Su objeto es que el alto tribunal examine las consecuencias económicas de su decisión y evalúe la forma o el momento en que se producen sus efectos fiscales. La petición se suma a la de Colpensiones, que ya había pedido aplazar un año la puesta en marcha del nuevo sistema.
Mientras la Corte decide si admite el trámite, el 1 de abril de 2027 sigue siendo la fecha de arranque de las normas declaradas exequibles. Los nueve artículos devueltos a la Cámara no tienen todavía una fecha cierta de vigencia, porque dependen de la subsanación en el Congreso y de un nuevo pronunciamiento del tribunal.
