Hungría tumba la ley anti-LGBTQ de Orbán y la UE le devuelve fondos
El Parlamento húngaro eliminó este martes la prohibición de mostrar la diversidad sexual a menores, y el mismo día los gobiernos de la UE liberaron 4.200 millones de euros que estaban congelados desde 2022.
El Parlamento de Hungría aprobó este martes, con 139 votos a favor y 51 en contra, la reforma que elimina de la ley de «protección de la infancia» de 2021, aprobada bajo el gobierno de Viktor Orbán, la prohibición de «representar» o «promover» la diversidad sexual y de género en contenidos accesibles a menores. Es el primer giro de fondo contra las restricciones de la era Orbán hacia la comunidad LGBTIQ+.
En lugar de esa prohibición, el nuevo texto se limita a proteger a los menores de 18 años de materiales que puedan «perjudicar gravemente su desarrollo físico, intelectual, emocional o moral». El partido Tisza, del primer ministro Péter Magyar, sacó adelante el cambio con su mayoría de dos tercios; el Fidesz de Orbán votó en contra y acusó al Gobierno de desactivar la protección de los niños por presión de la Unión Europea.
«Que se eliminen las restricciones al acceso a contenidos LGBTQ es sin duda un paso adelante importante y positivo.»
La propia Unión Europea celebró la votación. Los comisarios Michael McGrath y Hadja Lahbib la calificaron de «señal importante» de compromiso con los valores comunes, después de que en abril el Tribunal de Justicia de la UE resolviera que la ley de 2021 vulneraba «la identidad misma» del bloque.
Horas después, los gobiernos de los Veintisiete, reunidos en el Consejo de Asuntos Generales, levantaron las medidas impuestas en 2022 a Hungría por riesgos de corrupción y desbloquearon 4.200 millones de euros, además de devolver a todas las universidades húngaras el acceso a Erasmus+ y Horizonte Europa. «Hoy empieza un nuevo capítulo. Para Hungría y para Europa», escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Quedan pendientes otros 10.000 millones de euros del fondo de recuperación pospandemia y 2.200 millones atados a mejoras en la libertad académica, que la Comisión evalúa. Las organizaciones de derechos humanos recuerdan que siguen vigentes las normas que impiden el reconocimiento legal de las personas trans y la adopción por parejas del mismo sexo, así como las restricciones de reunión usadas para prohibir las marchas del Orgullo.
