El Estado reparará a la familia de Guillermo Cano 40 años después

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó la conciliación entre el Estado y los familiares de Guillermo Cano Isaza, director de uno de los principales diarios del país, asesinado por el cartel de Medellín la noche del 17 de diciembre de 1986. Con ella el Estado reconoce su responsabilidad y repara a la viuda y a los hijos, casi cuarenta años después del crimen.

El acuerdo contempla la entrega de 300 salarios mínimos legales vigentes por perjuicios morales para la esposa y los hijos del periodista, y una compensación por lucro cesante para la esposa y para dos de los hijos, que eran menores de 25 años cuando su padre fue asesinado. La solicitud presentada por la familia por ese último concepto ascendía a 548.737.931 pesos.

La responsabilidad que el Estado reconoce ahora ya estaba declarada afuera. Cano ejercía un periodismo de investigación contra el narcotráfico y respaldaba la extradición de los capos, y él mismo había advertido públicamente que su vida corría peligro. En 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por vulnerar su derecho a la vida y a la libertad de expresión y por no adoptar las medidas necesarias para protegerlo; también señaló que sus familiares fueron intimidados y recomendó repararlos.

Entre esa recomendación y el acuerdo pasaron veinticinco años. El seguimiento al cumplimiento se reactivó en 2018 y solo en 2026 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó la solicitud de conciliación. El Tribunal reprochó esa demora y la calificó como un retardo injustificado en la adopción de medidas de reparación.

La decisión también repasa el recorrido judicial del caso. En octubre de 1996 un juzgado de Bogotá condenó a varios cómplices del crimen y la Corte Suprema confirmó el fallo dos años después, pero esa investigación no desmanteló el aparato criminal detrás del asesinato. Hasta julio de 2010 la Fiscalía no declaró el homicidio como crimen de lesa humanidad, y el proceso se prolongó más de una década entre actos de violencia contra quienes lo tramitaban.