La JEP pide al Senado hundir la revisión militar de sus condenas
El magistrado Camilo Suárez advirtió en la Comisión Primera que el acto legislativo del Centro Democrático, que enviaría al Tribunal Superior Militar las sentencias contra uniformados, podría sustituir la Constitución.
La Jurisdicción Especial para la Paz le pidió a la Comisión Primera del Senado no aprobar el acto legislativo del Centro Democrático que enviaría al Tribunal Superior Militar y Policial las condenas que ese tribunal de paz dicte contra militares y policías. El magistrado Camilo Suárez advirtió, en la audiencia pública sobre el proyecto, que la iniciativa podría ser inconstitucional y dejaría sin certeza jurídica a los uniformados que hoy comparecen ante la JEP.
La reforma, radicada por la bancada del Centro Democrático el 23 de septiembre, plantea que cada sentencia de la JEP contra un integrante de la Fuerza Pública pase de forma automática a ese tribunal militar, que podría confirmarla, modificarla o revocarla. Uno de sus ponentes, el senador Rafael Nieto, defiende que la revisión la hagan jueces formados en derecho operacional: «Hoy la JEP que no sabe de derecho operacional, decide sobre la conducta de nuestros uniformados y frecuentemente comete injusticias».
Para Suárez, que fue magistrado del Tribunal Superior Militar entre 1992 y 2016, el problema es de jerarquía: la JEP es un órgano de cierre, mientras que el tribunal castrense tiene rango de tribunal de distrito y por encima de él está la Corte Suprema de Justicia.
«La iniciativa propone que un tribunal de menor jerarquía termine investigando, revisando, modificando las decisiones de una alta corte como es la Jurisdicción Especial para la Paz.»
El magistrado recordó además que la Corte Constitucional ha excluido de la justicia penal militar las graves violaciones de derechos humanos, y que la ley de esa jurisdicción deja por fuera la tortura, el genocidio, la desaparición forzada y los delitos de lesa humanidad. A su juicio, el proyecto toca pilares como los derechos de las víctimas, la seguridad jurídica y la obligación de juzgar con un tribunal autónomo, por lo que podría configurar una sustitución de la Constitución.
En la misma audiencia, Jaquelin Castillo, de la asociación de Madres de Falsos Positivos (Mafapo), calificó la propuesta de revictimización, y el abogado Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sostuvo que rompe la simetría del Acuerdo de Paz. El debate apenas comienza en la Comisión Primera, que aún debe votar la ponencia antes de que el proyecto pase a la plenaria.
