MinJusticia dice que sin requisitos no habrá piloto de fumigación aérea
En la Comisión Quinta de la Cámara, el ministro Iván Cancino defendió la aspersión con glufosinato en Putumayo, suspendida por la justicia, y advirtió que el piloto no arrancará si no se verifican sus condiciones.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró este miércoles ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo no arrancará mientras no se verifiquen las condiciones técnicas, ambientales, sanitarias y de seguridad que exige el artículo quinto de la Resolución 0007 de 2026. «Si eso no se comprueba con precisión, no hay piloto», dijo durante un debate de control político en el que también intervino la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla.
El piloto, que contempla un máximo de 1.000 hectáreas, está frenado por la justicia. El 11 de septiembre, el Juzgado Tercero Penal de Puerto Asís lo suspendió de forma provisional, y el 22 de septiembre la jueza Ana Pilar Vidal Uribe, del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa, mantuvo esa suspensión. Cancino calificó el fallo como «un poco ilógico», pero aclaró que se acata y que el Gobierno lo recurrirá: «Si nos toca llevarla a la Corte Constitucional, la llevaremos». También admitió que todavía no están definidos los municipios ni las fechas de la aspersión.
«De pronto el mensaje no ha sido contundente y hoy quiero que lo sea: el Gobierno no se va a quedar con la aspersión aérea. Hay temas para la aspersión manual, incluida la aspersión en el ámbito de diferenciación, que los estamos evaluando con drones.»
Por su parte, la viceministra Carrasquilla justificó el regreso de la fumigación en las dificultades de la erradicación manual en zonas minadas, donde, según su exposición, hay instalados 7.981 artefactos explosivos, y en el tamaño del negocio: con 261.366 hectáreas de coca en 2024, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los grupos armados obtendrían ganancias de USD 16.500 millones, equivalentes al 4,4 % del PIB.
En el debate, el representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, cuestionó los riesgos sanitarios y el posible desplazamiento de los cultivos, y Renson Alexander García planteó dudas sobre los efectos ambientales del herbicida. La estrategia arrancó con la Resolución 006 del 18 de agosto, con la que el Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la prohibición de 2015 sobre la aspersión aérea, y su futuro depende ahora de que el Gobierno logre demostrar ante los jueces que el piloto cumple las condiciones que exige.
