El pulso por los $100.000 millones que perdería la JEP
El Gobierno respalda trasladar esos recursos a la Rama Judicial. El presidente de la jurisdicción llevó el asunto a la Corte Penal Internacional.
El senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, radicó dos proposiciones para trasladar unos $100.000 millones de la Jurisdicción Especial para la Paz al Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.
La jurisdicción había pedido $947.642 millones para el próximo año y el proyecto de presupuesto le asignó $821.803 millones, $125.839 millones menos de lo solicitado. Si la proposición prospera, quedaría con $721.803 millones.
El Gobierno recibió la iniciativa con buenos ojos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, la respaldó públicamente este lunes al retomar un mensaje del presidente Abelardo de la Espriella sobre la situación fiscal.
«Ante la crisis fiscal heredada, todas las entidades del Estado tenemos el deber de recortar gasto superfluo e improductivo, en 2026 y en 2027. Hay mucha grasa y en muchas entidades hay politiquería y derroche. Austeridad no es incumplir acuerdos internacionales.»
Del otro lado, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la jurisdicción, advirtió sobre los efectos que el recorte tendría en su independencia y en su funcionamiento, y puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el pasado 18 de septiembre.
El presidente respondió el domingo con un manifiesto en el que cuestionó si los recursos que ha recibido la jurisdicción son proporcionales a sus funciones y a sus resultados, y rechazó el tono de la comunicación enviada a La Haya. Sostuvo que ninguna decisión de su Gobierno permite hablar de asfixia ni de venganza, sino de responsabilidad fiscal.
La discusión llega en un momento en que a la jurisdicción también la presionan las víctimas. Organizaciones de exsecuestrados respaldaron la propuesta de recorte y pidieron que se cancelen cerca de 800 contratos de la entidad.
