Santos pide garantizar los recursos de la JEP hasta 2033

El expresidente Juan Manuel Santos pidió este jueves 1 de octubre garantizar los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta 2033. «Es fundamental garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la JEP durante los 15 años que estaba previsto, hasta el año 2033, para que cumpla con su mandato», dijo el firmante del Acuerdo de Paz con las FARC.

Esa petición corrigió lo que había dicho en la mañana, a la salida de un evento en la Universidad del Rosario. Allí se declaró en contra de prorrogar la vigencia del tribunal y, al ser preguntado por su mandato, respondió: «Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en 2028, ojalá antes». Añadió que quienes critican la lentitud de la jurisdicción «tienen bastante razón» y que hay que pedirle que «meta el acelerador».

Los dos plazos responden a dos tramos distintos. La JEP tiene diez años de funcionamiento contados desde marzo de 2018, que vencen en 2028; la ley prevé después cinco años más, hasta 2033, para concluir su actividad jurisdiccional, y una prórroga adicional de cinco que la llevaría como máximo a 2038. Santos rechaza esa última extensión, pero defiende que el tribunal tenga con qué funcionar los 15 años pactados.

En ese marco planteó que el Estado está obligado a cumplir lo acordado para garantizar a las víctimas la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. «¿Qué pasaría con las más de 10 millones de víctimas que confiaron en la promesa de verdad, justicia, reparación y no repetición? ¿Qué pasaría con los más de 11.000 integrantes de las FARC que dejaron las armas y hoy siguen honrando su compromiso con el acuerdo?», preguntó.

La defensa del expresidente llega cuando el Gobierno de Abelardo de la Espriella y su mayoría en el Congreso empujan un recorte a las finanzas del tribunal. En primer debate se aprobó quitarle 170.000 millones de pesos a su presupuesto, y hace una semana Salvación Nacional radicó un proyecto de acto legislativo para que la JEP no se extienda más allá de marzo de 2028. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha dicho que la jurisdicción «ya cumplió su ciclo».

Santos se refirió también a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, cuyo mandato ha renovado el Consejo de Seguridad, y advirtió contra la idea de abandonar los compromisos internacionales del país: «Retirarnos de la ONU o de la Corte Penal Internacional además no nos liberaría de nuestras obligaciones y en cambio abriría una profunda fractura jurídica y moral».