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sábado, 17 de octubre de 2026

Política10 de septiembre de 2026Actualizado el 11 de septiembre a las 06:30 a. m.

El Tribunal prorroga un año la captura de Carlos Ramón González

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mantuvo vigente la orden contra el exdirector del Dapre, asilado en Nicaragua desde 2024, y se abstuvo de pronunciarse sobre el aseguramiento.

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Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia
Foto: Archivo · El Espectador

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá prorrogó por un año la orden de captura contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, investigado por el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión se tomó en una audiencia del jueves 10 de septiembre a la que González asistió de forma virtual.

El mismo despacho se abstuvo de resolver sobre la prórroga de la medida de aseguramiento. El magistrado explicó que el término legal de esa medida solo empieza a contarse cuando el procesado sea capturado y conducido a detención, de modo que la orden queda prorrogada y el aseguramiento previo permanece intacto pero sin efecto práctico.

Esa imposibilidad de materializarlo tiene una causa concreta: González salió del país hacia Nicaragua en 2024, antes de que las autoridades lo detuvieran, y el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político. Su defensa sostiene que no es un prófugo sino un asilado; la Fiscalía lo sigue considerando fugitivo. En abril de 2026 Interpol canceló la circular roja en su contra y el ente investigador la reactivó después.

Los cargos que enfrenta son cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, imputados el 21 de mayo de 2025. El expediente nació de las declaraciones de exdirectivos de la Unidad, entre ellos Olmedo López.

Según la Fiscalía, en septiembre de 2023 González instruyó a López, en una reunión dentro del Dapre, para que entregara contratos de la entidad por 60.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por 10.000 millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle. A eso se suma el señalamiento de haber ordenado la entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo a ambos congresistas.

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