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sábado, 17 de octubre de 2026

Colombia28 de agosto de 2026Actualizado el 29 de agosto a las 08:04 p. m.

La Corte halló agua con restos fecales en una ranchería wayuu

Magistrados auxiliares inspeccionaron cuatro municipios de La Guajira y encontraron que en Jojoncito, en Uribia, la fuente de consumo humano estaba contaminada. Ordenaron un censo en quince días.

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Decenas de personas sentadas en sillas plásticas bajo una enramada de palma en La Guajira escuchan a funcionarios sentados tras una mesa con mantel rojo, en una reunión con comunidades wayuu
Foto: El Espectador

La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional recorrió entre el 26 y el 28 de agosto los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao para verificar si las órdenes sobre agua potable para la niñez wayuu se están cumpliendo. Encontró que no.

En la ranchería de Jojoncito, en Uribia, los magistrados auxiliares hallaron que la fuente de la que bebe la comunidad mostraba signos evidentes de contaminación, posiblemente por materia fecal animal, además de microalgas que le daban al agua una coloración verdosa.

El hallazgo no fue un caso aislado dentro del recorrido: la Sala también documentó fallas en la atención en salud y riesgos en la alimentación escolar, los otros dos frentes de la sentencia que la Corte vigila desde hace años en el departamento.

Como consecuencia, la Sala ordenó a los alcaldes del distrito de Riohacha y de los municipios de Maicao, Manaure y Uribia entregar en quince días una caracterización completa de la población infantil wayuu de sus territorios y el avance real en cobertura del servicio de agua.

La inspección se realizó después de que la propia Corte calificara como bajo el nivel de cumplimiento de las órdenes sobre acceso al agua. Es la tercera visita que hace al territorio wayuu desde que asumió el seguimiento del caso.

El tribunal compulsó copias a los organismos de control para que investiguen por qué las autoridades responsables no han garantizado el suministro, una decisión que traslada a la Procuraduría y a la Contraloría el examen de la conducta de los funcionarios.

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