Gobierno propone tramitar licencia ambiental y consulta previa a la vez
Los ministerios de Ambiente e Interior publicaron un borrador de decreto para que la evaluación de las licencias ambientales avance mientras se hace la consulta previa. Calculan que algunos proyectos ahorrarían hasta dos años.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un borrador de decreto para que la evaluación de las licencias ambientales avance al mismo tiempo que la consulta previa con las comunidades étnicas, dos trámites que hoy se hacen uno después del otro y que, según el Ejecutivo, frenan proyectos de energía e infraestructura. El texto, preparado por el Ministerio de Ambiente, modifica el Decreto 1076 de 2015 y quedó abierto a comentarios del público.
Con el cambio, la autoridad ambiental podrá hacer visitas, pedir información adicional y solicitar conceptos técnicos mientras sigue el diálogo con las comunidades, en lugar de suspender la evaluación.
El borrador también elimina el certificado de presencia de comunidades étnicas como requisito para arrancar el trámite y fija que, si la evaluación estaba suspendida, se reanude sin perder lo avanzado. Ninguna licencia podrá otorgarse ni negarse antes de que termine la consulta, y los acuerdos de esa consulta sobre impactos ambientales deberán incorporarse a la resolución de la licencia.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que con el cambio el licenciamiento ambiental podrá arrancar de inmediato mientras se tramita la consulta, calculó que algunos proyectos ahorrarían hasta dos años y calificó la medida como una de las noticias económicas más importantes de las últimas décadas. Entre los beneficiados mencionó a Sirius, el hallazgo de gas de Ecopetrol y Petrobras en el Caribe, que requiere unas 120 consultas previas, y a la línea Colectora, que conectaría los parques eólicos de La Guajira con el sistema eléctrico.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, sostuvo que el decreto busca eficiencia sin rebajar las exigencias técnicas ni recortar la participación de las comunidades. El Gobierno argumenta que, como la norma solo coordina dos procedimientos y no modifica derechos de los pueblos étnicos, no necesita ser consultada con ellos. Cuando cierre el periodo de comentarios, el texto pasará a la firma del presidente.
