La JEP cierra el caso de 1.030 comparecientes sin sanción penal
El 95 % son integrantes de la fuerza pública. La renuncia a la persecución penal exige verdad plena, reconocimiento de responsabilidad y reparación, y puede revocarse si el compareciente incumple.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz ha concedido 1.030 renuncias a la persecución penal, según el balance divulgado el 9 de septiembre. Son comparecientes que estuvieron involucrados en crímenes del conflicto pero que el tribunal no consideró máximos responsables de los patrones macrocriminales.
De esas 1.030 decisiones, 979 recayeron en integrantes de la fuerza pública, el 95 % del total. Otras 46 fueron para comparecientes de las extintas Farc y las cinco restantes se repartieron entre dos agentes del Estado ajenos a la fuerza pública, dos civiles colaboradores de esa guerrilla y un tercero civil. Los casos resueltos se refieren a 377 hechos con 643 víctimas directas.
El mecanismo, llamado Ruta No Sancionatoria, se concretó en 43 resoluciones expedidas entre 2024 y 2026 y produce un beneficio definitivo equiparable a una sentencia: puede eliminar antecedentes penales y extinguir sanciones disciplinarias, administrativas o fiscales asociadas a la conducta.
No es automático. Para acceder, el compareciente debe demostrar que cumplió el régimen de condicionalidad: entregar una verdad plena y detallada que supere lo que ya conocía la justicia ordinaria, reconocer expresamente su responsabilidad individual, comprometerse con la no repetición y ejecutar acciones de reparación, en su mayoría simbólicas. Quien incumpla después puede perder el beneficio y volver a la justicia ordinaria.
«Es por esta vía entonces que los familiares de las víctimas del conflicto armado pueden acceder a respuestas sobre el cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos.»
De esas respuestas han salido resultados materiales: más de 950 víctimas acreditadas y sus familiares participaron en el proceso restaurativo, se registran más de 178 medidas de contribución a la reparación y 17 cuerpos han sido entregados a sus familias tras años de búsqueda. La Jurisdicción trabaja todavía en la situación jurídica de más de 9.000 comparecientes que no son máximos responsables.
