Tribunal Militar pide pruebas a la magistrada de la JEP que lo acusó
El Tribunal Superior Militar y Policial rechazó que Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, califique a la justicia castrense como un «mecanismo de encubrimiento» y la invitó a denunciar casos concretos.
El Tribunal Superior Militar y Policial le pidió a la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que respalde con pruebas su afirmación de que la Justicia Penal Militar funcionó como un «mecanismo de encubrimiento» de graves violaciones de derechos humanos. El pronunciamiento, conocido este miércoles y firmado por el coronel Roberto Ramírez García, presidente del tribunal, la invita además a presentar las denuncias ante las autoridades competentes si tiene elementos concretos.
«Respetamos profundamente la autonomía e independencia de la JEP, así como la libertad de expresión de sus magistrados. El diálogo entre jurisdicciones es esencial en un Estado social de derecho. Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’.»
La respuesta llegó después de una entrevista en la que Díaz aseguró que, en los macrocasos de la JEP sobre ejecuciones extrajudiciales y alianzas entre uniformados y paramilitares, antiguos miembros del Ejército reconocieron que jueces penales militares colaboraron para encubrir crímenes. Según la magistrada, en esos expedientes hay pruebas de que muchas investigaciones por falsos positivos se archivaron sin identificar responsables, en hechos anteriores al 1 de diciembre de 2016.
Para rebatirla, el tribunal defendió su trabajo reciente: entre 2022 y lo corrido de 2026 ha dictado en segunda instancia 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias, no solo por delitos militares sino también por homicidios, lesiones personales y delitos contra la administración pública. Según la corporación, esas cifras «difieren meridianamente» de las de la JEP en más de ocho años de funcionamiento, y la Sala Penal de la Corte Suprema, como órgano de cierre, puede dar fe de sus resultados.
El choque se da mientras el Congreso discute un proyecto de reforma constitucional del Centro Democrático que busca suspender las sentencias de la JEP contra exintegrantes de la fuerza pública y someterlas a una revisión automática de la justicia militar. La JEP ha pedido hundir esa iniciativa, que también cuestionan expertos y víctimas porque la Corte Constitucional ha reiterado que la justicia castrense no puede investigar ni juzgar graves violaciones de derechos humanos.
