La JEP acude a la Corte Penal por el recorte de su presupuesto
Su presidente pidió respaldo a los fiscales adjuntos del tribunal internacional frente a la propuesta de trasladar 100.000 millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, pidió a la Corte Penal Internacional respaldo para la independencia, la autonomía y el funcionamiento del tribunal. Lo hizo en una carta con fecha del 18 de septiembre, dirigida a los fiscales adjuntos Nazhat Shameem Khan y Mame Mandiaye Niang, que se conoció este sábado.
Lo que motivó la carta es una propuesta del senador Enrique Gómez Martínez, de Salvación Nacional, de trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP para 2027 al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de crear despachos y formalizar encargos en la planta judicial. El presidente Abelardo de la Espriella la respaldó en su cuenta de X con un mensaje de tres palabras: “Publíquese, comuníquese y cúmplase”.
Ramelli sostiene que ese traslado equivale al 62 % del rubro de adquisición de bienes y servicios del tribunal, que ya arrastra una desfinanciación acumulada de 84.663 millones de pesos por ajustes anteriores. Con el recorte, advierte, quedarían comprometidos el sistema de protección de víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales, además del sostenimiento de las sedes y de la infraestructura tecnológica.
La carta menciona una segunda iniciativa que cursa en el Congreso: una reforma constitucional para establecer una revisión judicial automática, a cargo de la Justicia Penal Militar, de las sentencias que la JEP dicte contra miembros de la fuerza pública. Gómez, por su parte, ha sostenido que con cuatro billones de pesos gastados los resultados del tribunal son “desastrosos” y lo ha llamado “la jurisdicción de la impunidad”.
Al recorte también salió a oponerse Rodrigo Londoño, Timochenko, que en un comunicado difundido este sábado dijo que la JEP “no es un capricho ni una concesión a las extintas Farc” sino el órgano de cierre jurídico del conflicto. Pidió que, si el propósito es acabarla, se diga de frente: “No podemos aceptar la muerte lenta por asfixia de esta institución, el desmantelamiento disfrazado de ajuste presupuestal”.
