JEP imputa a Timochenko, Alape y nueve excomandantes de las Farc
La Sala de Reconocimiento les atribuye crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los bloques Magdalena Medio y Caribe, con 733 víctimas acreditadas. Tienen hasta el 8 de diciembre para aceptar o rechazar los cargos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 excomandantes de las extintas Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, los dos miembros del último secretariado incluidos en la decisión. La providencia, conocida la noche de este martes, los señala como máximos responsables de los hechos cometidos por los bloques Magdalena Medio y Caribe.
La imputación la adoptó la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Caso 10, que investiga los crímenes no amnistiables de la antigua guerrilla, bajo el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll. Junto a Londoño y Alape fueron imputados tres antiguos mandos del Bloque Magdalena Medio, entre ellos Erasmo Traslaviña, alias Jimmy Guerrero, y seis del Bloque Caribe, también llamado Martín Caballero, como Abelardo Caicedo, alias Solís Almeida.
La Sala les atribuye homicidio, desplazamiento forzado, tortura, tratos crueles, violencia sexual y ataques contra la población civil y contra escuelas, hospitales e iglesias. Como lesa humanidad, deberán responder por asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura, otros actos inhumanos, violación y violencia sexual, delitos que por su gravedad no admiten amnistía.
Los hechos abarcan Santander, Norte de Santander, el sur de Bolívar y del Cesar, el noroccidente de Boyacá y, en Antioquia, el Nordeste, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio, además de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Sucre. Entre ellos figuran la masacre de 34 campesinos en la finca La Duquesa, en Tibú, en 2004; la toma de Chalán, Sucre, en 1996, en la que un burro bomba mató a 11 policías, y el atentado de 2002 contra la caravana del entonces candidato Álvaro Uribe en Barranquilla, que dejó cinco civiles muertos.
«Las comunidades sufrieron un régimen violento de gobernanza y control social, en el que se impusieron castigos crueles, homicidios y desplazamientos contra civiles»
Para llegar a la decisión, la JEP analizó los relatos de 733 víctimas acreditadas, 72 informes de víctimas y organizaciones de derechos humanos, 15 versiones colectivas y nueve individuales de antiguos guerrilleros, y 1.859 denuncias de la Fiscalía. La investigación identificó además a 54 personas cuyo paradero aún se desconoce, por lo que ordenó a los imputados entregar la información que tengan a la Unidad de Búsqueda.
Los 11 comparecientes tienen hasta el 8 de diciembre para reconocer o rechazar los hechos, y las víctimas y el Ministerio Público podrán presentar observaciones hasta el 8 de febrero de 2027. Si aceptan su responsabilidad, la JEP podrá convocar una audiencia pública de reconocimiento; si la niegan, el expediente pasará a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar un juicio con penas de hasta 20 años de prisión.
