La JEP arranca las sanciones al último secretariado de las Farc
Siete exjefes guerrilleros quedan con dispositivo electrónico permanente, residencia fija y prohibición de salir del país. El 21 de septiembre empiezan a buscar desaparecidos en un cementerio de Pitalito.
La Jurisdicción Especial para la Paz declaró este viernes formalmente iniciada la ejecución de las sanciones propias contra los siete hombres que integraron el último secretariado de las Farc, condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Caso 01, el de los secuestros.
Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Las penas más largas, de ocho años, recaen sobre Londoño y Catatumbo; la más corta, de cinco, sobre Granda.
Mientras cumplen esos plazos deberán portar un dispositivo de seguimiento electrónico vigilado las veinticuatro horas, fijar residencia en el territorio donde se desarrolle cada fase de la sanción, trabajar de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. y pedir autorización para salir del departamento. Salir del país les queda prohibido salvo permiso excepcional.
El trabajo que sustituye la cárcel empieza el 21 de septiembre. Cinco de ellos —Londoño, Granda, Alape, Parra y Toncel— participarán hasta el 30 de septiembre en la intervención del cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito (Huila), donde se busca a personas dadas por desaparecidas. Harán señalización, apoyo topográfico, retiro de vegetación y excavación manual, sin intervenir en la valoración de los hallazgos.
El cronograma cubre siete regiones y doce departamentos, con tareas de desminado humanitario, obras en infraestructura rural y urbana, protección ambiental y memoria histórica. La Sección de Apelación había confirmado en junio la responsabilidad de los siete por toma de rehenes, homicidio, desaparición forzada y privaciones graves de la libertad, y la de cinco de ellos por no impedir torturas, violencia sexual y desplazamiento desde su posición de mando.
