La JEP aclara que nunca avaló el «buen trato» a secuestrados de las Farc
El tribunal respondió a la difusión de un audio de 2019 en el que Rodrigo Londoño habla de «criterios unitarios de buen trato» y recordó que documentó torturas, tratos crueles y violencia sexual contra los cautivos.
La Jurisdicción Especial para la Paz aclaró que nunca avaló la tesis de que los secuestrados por las antiguas Farc recibieron un buen trato durante su cautiverio, y recordó que sus investigaciones documentaron graves violaciones contra las víctimas.
La aclaración llegó después de que la senadora del Centro Democrático María Clara Posada difundiera, en medio de la discusión del presupuesto en el Congreso, fragmentos de una diligencia reservada de 2019. En ellos, Rodrigo Londoño, último comandante de la guerrilla, asegura que había «criterios unitarios de buen trato, buena comida» para los cautivos y niega las torturas: «Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien».
El tribunal reconoció que existía una norma interna de la guerrilla que hablaba de buen trato, pero precisó que en la práctica no se cumplió y que los secuestrados quedaron a merced de sus captores, que tenían amplia discrecionalidad sobre las condiciones del cautiverio. Además del secuestro, «las víctimas fueron sometidas a todo tipo de vejámenes y de crímenes», entre ellos tortura, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada y violencia sexual.
La JEP subrayó que sus conclusiones en el caso 01, sobre toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, no se basaron solo en las versiones de los excomandantes, sino en pruebas documentales y testimonios de las víctimas. Por esos hechos ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc, entre ellos los siete miembros del antiguo Secretariado.
Entre esas conclusiones figura que los miembros del antiguo Secretariado no impartieron instrucciones lo bastante claras y específicas para asegurar condiciones dignas a los cautivos. Por eso, insistió el tribunal, la existencia de una directriz interna sobre buen trato no prueba que los secuestrados lo hayan recibido ni contradice las responsabilidades ya establecidas por esos crímenes.
