MinInterior reformará la consulta previa para destrabarla en 90 días
El ministro Rodrigo Lara presentó un plan para digitalizar todos los expedientes represados, crear una ventanilla única y un comité independiente, además de una directiva y un proyecto de ley que tocan el test de proporcionalidad.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció este martes una reforma al procedimiento de la consulta previa con comunidades étnicas, con la meta de reducir de forma sustancial en 90 días los procesos represados. El plan incluye una directiva presidencial y un proyecto de ley, y según el ministro no altera el núcleo del derecho fundamental de los pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom.
«El núcleo del derecho no se toca. Lo que se acaba es el expediente sin dueño, el trámite opaco y el proceso que no cierra.»
El cronograma arranca con la digitalización, en 30 días, del 100 % de los expedientes acumulados, que luego se clasificarán por sector, etapa y antigüedad. A los 45 días debería funcionar una ventanilla única digital para radicar solicitudes; a los 60, unos tableros de control con responsables, fechas límite y alertas para cada consulta, y a los 90, un comité independiente con un asesor externo que vigilará los procesos estancados. La Dirección de Consulta Previa se dividirá además en hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, ambiental y medidas administrativas, con un encargado por proyecto.
Lara sostuvo que hoy los procesos no tienen expediente digital y que la información queda en los computadores de los contratistas, y puso como ejemplos el proyecto de gas Sirius, con cerca de 280 consultas, y el Canal del Dique. «Todo este desorden, que es un desorden conveniente, se presta obviamente para la corrupción», dijo, y advirtió que quienes extorsionen en estos trámites serán judicializados. Su cartera prepara también con MinAmbiente un decreto para que la consulta previa y la licencia ambiental puedan avanzar al mismo tiempo.
El ministro del Interior presentó en X el plan para destrabar la consulta previa.
El cambio de mayor peso toca el test de proporcionalidad, el mecanismo que se aplica cuando el Estado y las comunidades no llegan a un acuerdo. La directiva, ya enviada a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, busca precisarlo, y en su mensaje el ministro afirmó que la reforma evita que, agotada la actuación, el cierre quede suspendido en un trámite adicional sin término: «La autoridad decide con lo que obra en el expediente». El vicepresidente José Manuel Restrepo respaldó la propuesta como una forma de garantizar el derecho y, a la vez, hacer más eficiente su procedimiento.
