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domingo, 18 de octubre de 2026

Política17 de octubre de 2026Actualizado el 18 de octubre a las 07:45 a. m.

JEP niega «turismo judicial» y pide a María Clara Posada rectificar

La Jurisdicción Especial para la Paz dijo que los $56.435 millones señalados por la senadora cubren más de 21.000 actividades en el país desde 2018, y que los pasajes al exterior fueron apenas un 1 % del gasto en tiquetes.

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Fachada de la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, en Bogotá
Foto: Semana

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó este sábado los señalamientos de la senadora María Clara Posada, que la acusó de gastar $56.435 millones en viajes internacionales y de hacer «turismo judicial», y le pidió rectificar en público. Según el tribunal, esa cifra no corresponde a viajes al exterior, sino a todo el gasto en traslados, viáticos y tiquetes de más de 21.425 actividades judiciales y misionales en 337 municipios de 31 departamentos entre enero de 2018 y el 31 de julio de 2026.

La JEP desglosó el monto en $10.193 millones para traslados, $20.501 millones para viáticos y $25.425 millones para tiquetes. De esta última partida, solo alrededor del 1 % se destinó a pasajes internacionales, un promedio de unas seis misiones al año, mientras que la senadora había hablado de 75 desplazamientos con destinos como Miami, Milán, Barcelona, París y Chicago.

Con esos recursos, de acuerdo con la jurisdicción, se financiaron 6.353 audiencias y diligencias judiciales, cerca del 30 % del total, además de 3.506 acompañamientos de protección a víctimas, testigos, abogados y operadores judiciales, 3.073 actividades pedagógicas sobre la justicia restaurativa, 2.069 actividades de restauración y 427 entregas dignas de restos.

Sobre el viaje de su presidente, Alejandro Ramelli, a Europa entre noviembre y diciembre de 2025, la JEP explicó que las agendas en París, Ginebra y La Haya respondieron a invitaciones formales de organismos internacionales y a compromisos de cooperación judicial.

El tribunal cerró su defensa con su historial de control: siete auditorías de la Contraloría General de la República y catorce informes entregados a la Procuraduría General de la Nación, sin hallazgos disciplinarios, fiscales ni penales por estos gastos.

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