sábado, 17 de octubre de 2026
Poder, gobierno y decisiones públicas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mantuvo vigente la orden contra el exdirector del Dapre, asilado en Nicaragua desde 2024, y se abstuvo de pronunciarse sobre el aseguramiento.
Jaime Andrés Beltrán se defendió en la plenaria por su viaje a Santa Marta durante la emergencia. Seis bancadas anunciaron respaldo y la oposición pidió su salida; para removerlo hace falta mayoría absoluta.
Los decretos 390 y 391 dejan sin efecto la designación de los representantes del Estado en las dos mesas. La misma tanda retiró a los delegados que hablaban con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
La ministra encontró una grabación en la que se reparte un 8 % de recursos públicos usando su nombre. La llevó a la Fiscalía y sus antecesores en el cargo piden que se investigue con celeridad.
El decreto 1374 lo nombra al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia. Participó en la Operación Jaque y la JEP compulsó copias en su contra por perfilamientos contra la Unión Patriótica.
El borrador devuelve a ese tribunal el reparto en primera instancia. Sus autores sostienen que no necesitan consultar a la Sala de Consulta; si esa consulta era obligatoria, la norma podría caer por vicio de trámite.
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá le dio un día al Dapre para retirar de Instagram las publicaciones del 2 y el 4 de septiembre. Es una medida provisional dentro de una tutela de un congresista.
El decreto 1373 le encarga la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversión, la seguridad energética y una estrategia de inteligencia artificial. Deja sin efecto la norma que regía desde 2024.
El tribunal electoral pidió 2,2 billones de pesos para 2027 y le recortaron 900.000 millones; su presidente anunció un proyecto de ley para recuperar la autonomía presupuestal.